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Justicia Penal

    • Incarcelar menos. Colorado encarcelan a demasiadas personas por demasiado tiempo. Hoy en día, Colorado encarcelan a aproximadamente 425 personas por cada 100,000 habitantes. Esa tasa es inferior al promedio de EE.UU., históricamente la más alta del mundo, de 629. Pero la tasa de Colorado es cuatro veces la tasa de Canadá o el Reino Unido, y más de cinco veces la tasa de Alemania.

    • Revisar las sentencias largas. Apoyamos una ley de “segunda revisión” que podría reabrir casos de reclusos que cumplen largas penas por delitos no violentos. Existen muchos prisioneros modelo que han estado encarcelados durante décadas sin una forma de ajustar sus sentencias. La Fiscal del Distrito de Denver, Beth McCann, dice que tiene casos merecedores presentados ante ella, pero no tiene base legal para actuar.

    • Expandir la justicia restaurativa. La oficina del Fiscal del Distrito de Denver ha desarrollado programas de justicia restaurativa con socios locales, pero es un programa diminuto que necesita una financiación nueva y significativa.

    • Expandir la categoría juvenil. Considerar aumentar la edad de responsabilidad penal para garantizar que los jóvenes infractores sean tratados de manera apropiada al desarrollo, y expandir los programas de desvío para mantener a los jóvenes fuera del sistema de justicia tradicional y proporcionar alternativas para la rehabilitación.

    • Reducir los requisitos de fianza en efectivo. Creemos que es urgente una reforma del sistema de fianzas, porque afecta desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos. Tenemos un sistema de dos niveles que favorece a los más ricos y condena a los pobres a una prisión por deudas. Cada vez más cuestionamos la legitimidad del sistema de fianza en efectivo.

    • Expandir las fianzas PR. En un estudio de las prácticas de Denver durante la pandemia, cuando un mayor número de personas arrestadas fueron liberadas con fianzas de reconocimiento personal (PR) para reducir el riesgo de infección en las cárceles, los investigadores de la Universidad de Denver encontraron que las personas con fianzas en efectivo y PR se presentaron en las citas judiciales con la misma frecuencia. Los servicios previos al juicio y las evaluaciones de riesgo deben tener en cuenta estos hallazgos.

    • Alternativas a la fianza. Abogamos por eliminar completamente la fianza en efectivo o implementar sistemas alternativos para asegurar la comparecencia en los tribunales sin depender de los medios financieros.

    • Dejar de lucrar. Nos anima la eliminación de algunas prisiones con fines de lucro, y pedimos que reconsideremos la dependencia de todas las entidades con fines de lucro dentro del sistema de justicia penal.

    • Terminar con los mínimos obligatorios. Apoyamos la abolición de las sentencias mínimas obligatorias y confiamos en el juicio de los fiscales, los jurados y los jueces para aplicar la pena adecuada en cada caso.

    • Restaurar el Departamento del Alguacil. Llevar el Departamento del Alguacil de Denver a su plena capacidad para hacer las cárceles más seguras y terminar con las horas extras obligatorias.

    • Reformar el Departamento del Alguacil. Cambiar la política disciplinaria en el Departamento del Alguacil para que la carga de la prueba de la infracción recaiga en el departamento para probar la culpabilidad, no en el empleado para probar su inocencia.

    • Preparar a los reclusos para la responsabilidad. El enfoque durante la encarcelación debe ser la rehabilitación y ofrecer programas educativos y vocacionales desde el principio, no al final.

    • Apoyar la reintegración. Fortalecer los programas para apoyar a las personas que regresan a sus comunidades, incluyendo el acceso a vivienda, empleo y servicios de salud mental.

    • No más encarcelamiento por consumo de drogas. Si encarcelar a las personas por el uso/abuso de sustancias fuera alguna vez eficaz, ya habría funcionado. Apoyamos la rehabilitación estatal obligatoria en lugar de una sentencia de cárcel, para cualquier delito relacionado con drogas donde la sentencia, de otro modo, incluiría la encarcelación. Según la Oficina Federal de Prisiones, 4 de cada 9 reclusos están en la cárcel por delitos relacionados con drogas. En Colorado, es 1 de cada 11 prisioneros, y ese es 1 de cada 11 de más.

    • Crear unidades de asesoramiento de salud mental y drogas. Agregar unidades en la Cárcel Municipal de Denver para Salud Mental y Asesoramiento de Drogas.

    • Agregar sitios de Reducción de Daños y Prevención de Sobredosis. Expandir el uso de sitios de prevención de sobredosis y crear más Centros de Acción de Reducción de Daños (HRAC) si es necesario.

    • Emplear tratamiento asistido por medicación. Mandar tratamiento asistido por medicación (MAT) en las cárceles además de la rehabilitación fuera de las cárceles.

    • Proveer asistencia sin armas. Introducir un arma de fuego en cualquier situación hace que esa interacción sea menos segura. El personal de recursos públicos sin armas debería ser despachado en lugar de la policía armada a llamadas que no involucren un riesgo significativo de violencia, como la aplicación de problemas relacionados con personas sin hogar y emergencias de salud mental.

    • Construir confianza entre la policía y la comunidad. Emplear estrategias de policía comunitaria para construir confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven.

    • Proveer entrenamiento policial continuo. Proporcionar revisión continua de las políticas de uso de la fuerza, enfatizando técnicas de desescalada e intervenciones alternativas.

    • Expandir el programa STAR. Aumentar la utilización y financiación del programa Respuesta Alternativa de Equipo de Apoyo (STAR) y otras iniciativas similares que envían consejeros y técnicos de emergencia en lugar de la policía a situaciones no violentas.

    • Expandir la salud conductual. Hacer de los programas de salud conductual y seguridad comunitaria un componente central para la seguridad pública y la justicia penal.

    • Considerar la necesidad. Los vecindarios desfavorecidos deben recibir recursos adicionales.

    • Monitorear los informes del panel de datos del fiscal del distrito. Aplaudimos a la oficina del fiscal del distrito de Denver por participar en el programa del panel de datos (https://data.dacolorado.org/2nd/), que muestra cargos por delitos graves, tiempo hasta la resolución, datos de desvío y aplazamiento tanto para menores como adultos, incluyendo raza y etnia para cada categoría. Desde este panel podemos observar disparidades raciales y comparar a Denver con otras jurisdicciones participantes. Estos informes nos permiten identificar y abordar las disparidades raciales.

    • Reducir los prejuicios implícitos. Abordar los prejuicios implícitos dentro de la fuerza policial y el sistema de justicia penal con programas de capacitación integral.

    • Promulgar más leyes de seguridad sobre armas de fuego. Las armas de fuego son la principal causa de muerte para las personas menores de 18 años en EE. UU.

    • Prohibir la venta de armas de asalto. Las armas de asalto no tienen otro propósito que matar rápidamente a un gran número de personas. Estas armas no tienen un lugar legítimo en nuestra sociedad.

    • Requerir capacitación para el porte oculto. La capacitación en el uso de armas de fuego debe ser una condición para el porte oculto de armas.

    • Requerir seguro. Apoyamos el seguro de responsabilidad obligatorio para los propietarios de armas.

Nuestro sistema de justicia penal debe emplear medidas probadas de seguridad comunitaria que incluyan acceso a servicios de salud mental y de adicción. La seguridad se logra cuando las comunidades confían en la policía y no la temen. La verdadera seguridad pública previene, reduce y sana el daño para fortalecer las comunidades. Las finanzas de un acusado no deben influir en la liberación antes del juicio, el acceso a la familia o la rehabilitación. Los preparativos para la reintegración deben comenzar temprano e incluir acceso a habilidades laborales, educación y la eliminación de los antecedentes de delitos despenalizados.

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