Nuestro sistema de justicia penal debe emplear medidas probadas de seguridad comunitaria que incluyan acceso a servicios de salud mental y de adicción. La seguridad se logra cuando las comunidades confían en la policía y no la temen. La verdadera seguridad pública previene, reduce y sana el daño para fortalecer las comunidades. Las finanzas de un acusado no deben influir en la liberación antes del juicio, el acceso a la familia o la rehabilitación. Los preparativos para la reintegración deben comenzar temprano e incluir acceso a habilidades laborales, educación y la eliminación de los antecedentes de delitos despenalizados.